Luego del revés judicial que benefició a la Argentina en tribunales de Estados Unidos —y que anuló el pago de unos USD 16.000 millones en el litigio por la estatización de YPF—, el fondo británico Burford Capital solicitó extender los plazos para intentar revertir la resolución.

El planteo fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde la firma busca más tiempo para pedir que el caso sea revisado por la totalidad de los jueces del tribunal. A fines de marzo, esa misma corte había dejado sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a afrontar una indemnización histórica. Se trataba del mayor juicio contra el país en el exterior y de una de las demandas más significativas contra un Estado soberano en la historia de EE.UU.

Según explicó el abogado Sebastián Soler, los representantes de Burford pidieron llevar el plazo hasta el 8 de mayo para formalizar el pedido de revisión “en banc”. La solicitud se fundamenta en que su principal letrado, Paul Clement, enfrenta compromisos profesionales y personales que le impedirían preparar adecuadamente la presentación dentro del tiempo original.

Tras el fallo adverso, Burford Capital manifestó su descontento y calificó la decisión del Segundo Circuito como “profundamente decepcionante”, al considerar que desatiende los derechos de los accionistas minoritarios que impulsaron la demanda. No obstante, la firma reconoció que el litigio en tribunales estadounidenses implicaba riesgos desde el inicio.

El fondo, que había adquirido los derechos de la causa por unos 15 millones de euros y luego comercializó participaciones del juicio por más de USD 300 millones, adelantó que insistirá con una revisión por parte del pleno de la Cámara, aunque admitió que este tipo de pedidos rara vez prospera.

En paralelo, dejó abierta la posibilidad de escalar el conflicto a la Corte Suprema de los Estados Unidos o incluso recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial donde la Argentina ya enfrentó múltiples disputas con inversores internacionales.

El fallo que favoreció al país se apoyó en la interpretación del derecho argentino: los jueces concluyeron que los estatutos de YPF no constituyen contratos exigibles entre accionistas y que el proceso de expropiación está regulado por la legislación local, lo que desplaza reclamos de carácter contractual. En ese marco, el tribunal consideró que los daños reclamados no eran legalmente reconocibles.

La resolución confirmó parcialmente decisiones previas, revocó otros puntos y ordenó continuar con actuaciones complementarias, aunque dejó sin sustento las principales pretensiones económicas de los demandantes.